CASO NÓOS

¿CÓMO SURGE EL CASO?

El 17 de febrero de 2006, un diputado balear del PSOE, Antonio Diéguez, había denunciado “un caso de pésima administración de recursos públicos”. Se refería a un pago de 1,2 millones por parte de una fundación del Gobierno de las Islas al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin por un foro sobre turismo y deporte.
El escándalo tardó cinco años en completarse y el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach habían encontrado casualmente durante la instrucción referida al velódromo Palma Arena documentación que indicaba una adjudicación irregular de dos foros en Baleares por la que ya estaba imputado el socio de Urdangarin, Diego Torres. El 8 de noviembre de aquel año se registraron las oficinas de Nóos.


¿QUÉ ERA NÓOS?

Se trata de una entidad de fachada altruista fundada por Diego Torres en 1999, pero que no tuvo actividad real hasta 2003, cuando se incorporó Iñaki Urdangarin. Uno y otro habían discurrido de aprovecharse de la condición de miembro de la Casa Real del duque de Palma para, con su unico objetivo obtener contratos con entidades públicas y privadas. De estas últimas, entre los mayores pagadores estuvieron algunos de la muy expresiva altura de Volkswagen, Telefónica, BBVA o Repsol. Los dos socios aludían a la aparente ausencia de ánimo de lucro del instituto -«paraguas de bondad y de ayuda al prójimo», en la elocuente y heterodoxa prosa del juez Castro- y exhibían un folleto en el que figuraban como parte de la Junta Directiva de Nóos Cristina de Borbón y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, a quien se presentaba como “asesor de la Casa de S. M. el Rey”.
Mediante este método, Nóos facturó en el tiempo récord de tres años (de 2004 a 2006) la fabulosa cifra de 17 millones de euros, de los que más de seis procedieron de las administraciones públicas. Había trampa: los servicios, muchas veces de consultoría o asesoría, no se correspondían casi nunca con una prestación efectiva o con un precio disparatado, sin que nadie pidiese cuentas por ello.
Urdangarin y Torres habían ideado además una cadena de empresas que a su vez facturaba servicios falsos a Nóos para vaciar el instituto y destinar sus ganancias a sociedades familiares instrumentales que sí lo tenían. El siguiente paso era que ese entramado se cruzase facturas entre sí para disminuir la base imponible del Impuesto de Sociedades y, en una última etapa, se derivaron fondos al paraíso fiscal de Belice a través de las tapaderas De Goes Center for Stakeholder Management y Blossom Hill Assets.

¿QUÉ SE JUZGA?

Además de esos delitos fiscales y de blanqueo, el juicio se centrará en acreditar los contratos irregulares celebrados por Nóos con las administraciones. La primera adjudicación se produjo después de que el campeón olímpico de vela Pepote Ballester, que en 2003 era director de Deportes del Ejecutivo y amigo de Urdangarin, concertase una partida de pádel en la que jugaron los dos y el presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas, en el Palacio de Marivent, residencia estival de los Reyes.
Eso fue el comienzo de una relación que cristalizó en el patrocinio de un equipo ciclista por 18 millones de euros, beneficiándose el duque y su socio de 293.660 euros del Gobierno balear producto de una contratación a dedo a cambio de la promoción y el seguimiento de prensa.
Tras ese episodio, tuvieron lugar dos mucho más importantes: la adjudicación irregular, bajo la forma de convenios, de sendos congresos en 2005 y 2006 sobre turismo y deporte,que duraron dos días. El coste fue de 2,3 millones, pero la investigación estima que 1,5 acabaron en las arcas del duque y su socio porque o no fueron justificados o lo fueron con facturas falsas.
A finales de 2003 se iniciaron también los contactos de Urdangarin con los máximos dirigentes políticos de la Comunidad Valenciana. El 29 de enero de 2004, según el fiscal, el duque y Torres se reunieron con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el Palacio de La Zarzuela, residencia privada de los Reyes Juan Carlos y Sofía. Allí les propusieron la celebración de un congreso sobre eventos deportivos. Los Valencia Summit tuvieron efectivamente lugar, de nuevo bajo la fórmula ilegal del convenio, en 2004, 2005 y 2006. Costó el erario 3,1 millones, de los que más de dos acabaron en los bolsillos de los dos socios. El beneficio es todavía mayor si se cuentan los proveedores privados y habría sido escandaloso si la Administración hubiera aceptado las facturas falsas por 1,9 millones que presentaron los responsables de Nóos.
Urdangarin y Torres concertaron además otro contrato con la Generalitat firmado por el entonces consejero “Esteban González Pons" por el que recibieron una subvención de 382.203 euros que no justificaron a cambio de promocionar la candidatura de Valencia a unos juegos europeos que nunca se celebraron.

Por último, en 2007, siendo alcalde de Madrid “Alberto Ruiz- Gallardón", el duque se puso en contacto con Mercedes Coghen, la consejera delegada de la sociedad pública municipal dedicada a promocionar la candidatura de la capital a los Juegos Olímpicos de 2016. Mercedes Coghen, medalla de oro en hockey en Barcelona 92, concertó con Urdangarin un contrato verbal por el que la fundación con la que camufló su salida de Nóos percibió a través de donaciones ilegales 120.000 euros hasta 2009 a cambio de llevar a cabo lobby en favor de Madrid 2016, lo que durante el último año ni siquiera hizo.

Miguel Delgado y Juan Gago