Deshaucios

Los desahucios en España durante la crisis económica española afecta a un gran número de ciudadanos y familias, en general vulnerables, por el impago de la hipoteca o alquiler. En la mayoría de los casos la vivienda había sido adquirida por medio de un préstamo hipotecario, los bancos a la hora de conceder las hipotecas daban los prestamos por la totalidad del valor del inmueble, o incluso por un valor superior. En el primer trimestre de 2012 cada día se produjeron una media de 517 desahucios diarios en España. Lo que provocó un gran impacto social y mediático.

En 2012, según el Banco de España, destaca que algo más del 85% de los préstamos hipotecarios no fueron pagados , y se produjeron 32.490 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, de las cuales 14.110 fueron daciones en pago, ( el banco se queda con la vivienda aunque no siempre cubre el valor de la deuda), y otras 4.215 entregas eran entregas voluntarias. Mientras que en otros casos de entregas judiciales de viviendas habituales ocupadas, se requirió la intervención de la policía para la realización del desahucio forzoso.

En el 2013, los desahucios subieron tanto, que en los seis primeros meses del año se habían producido tantos como en el 2012 completo.

En el 2014 las ejecuciones hipotecarias volvieron a aumentar en el primer semestre, y además subieron los desahucios de las casas habitadas, lo que implica que las familias afectadas se queda en la calle. La nueva ley hipotecaria, aprobada en abril del año pasado, para tratar de dar solución a las familias más desfavorecidas que no pueden cumplir con la hipoteca, intenta establecer una alivio para que los hogares con menos ingresos no pierdan su residencia cuando han visto disminuidos sus ingresos o hayan perdido sus puestos de trabajo.

Esta ley era elaborada por el gobierno ya que la movilizaciones de La Plataforma de Afectados por la Hipoteca(PAH), exigen protección para los afectados y que se cambiaran las clausulas abusivas.

Según PAH, la ley aprobada no era suficiente, ya que piden que se garanticen tres puntos importantes: el derecho a la vivienda, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ampliación del alquiler social, y que se regule la dación en pago y las ejecuciones hipotecarias.

En la actualidad La Unión Europea considera que la ley española de desahucios es ilegal, por lo tanto el gobierno debe efectuar reformas en dicha ley, al considerar que no protege a los ciudadanos frente a la clausula abusivas.

Hasta ahora bastaba con un solo impago, en la actualidad ha sido modificada para que aumente a tres.

También se pondrá limite en los intereses, que será tres veces el interés legal del dinero.